Desde los juristas romanos de los siglos II y III hasta los historiadores del presente, las definiciones de la tortura son notablemente similares. Ulpiano , jurista del siglo II, afirma que por tortura (quaestio) “hemos de entender el tormento y sufrimiento del cuerpo para obtener la verdad. Ni el interrogatorio en sí mismo ni el temor ligeramente inducido se relacionan en verdad con este edicto. Por lo tanto, puesto que la quaestio debe ser entendida como violencia y tormento, éstas son las cosas que determinan su significado. Azo, jurisconsulto romano del siglo XII, estableció, por tortura, “la indagación de la verdad por medio del tormento”. El artículo primero de la Declaración contra la Tortura adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el nueve de diciembre de 1975 dice que “para los fines de esta Declaración, tortura significa todo acto por el cual se inflige intencionadamente un intenso dolor o sufrimiento, físico o mental, por, o a instigación de, un funcionario público, a una persona para fines tales como obtener de ella o de una tercera persona una información o confesión, castigarla por un acto que ha cometido o intimidarla, a ella o a tras personas. No incluye el dolor o sufrimiento proveniente sólo de, inherente a, o propio de, sanciones legítimas en la medida compatible con las Reglas Mínimas Legales para el Tratamiento de Presos”. En sí, la tortura es un tormento infligido por una autoridad pública con fines ostensiblemente públicos.
Pensemos en la violación. La violación de mujeres. En el siglo XII los Cruzados violaban a las mujeres en nombre de la religión. En el XVIII los soldados ingleses violaban sistemáticamente a mujeres escocesas durante la subyugación de Escocia. Lo mismo hacía el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y el ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial. La violación fue proscrita por los Convenios de Ginebra, los cuales estipulan que “las mujeres serán especialmente protegidas (...) contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor”. No obstante, en casi todos los conflictos armados modernos se producen abusos sexuales contra las mujeres porque sus cuerpos se consideran un legítimo botín de guerra. La violación no es un accidente de la guerra. Su uso generalizado en tiempos de conflicto refleja un desprecio por las víctimas.
En febrero de 1991, veintitrés mujeres de edades comprendidas entre los trece y los ochenta años fueron violadas por grupos de soldados en la aldea cachemirense de Kunan Poshpura. Tres años después la situación de estas mujeres era desesperada. Según una organización gubernamental local, una de las mujeres, embarazada de cinco meses y medio, sufrió un aborto dos semanas después. Otras dos, una de ellas madre de seis hijos, se habían suicidado. Otras seguían en tratamiento por las heridas sufridas durante la violación. El pueblo entero estaba sumido en el infortunio: no hubo ninguna boda en la aldea en los años posteriores.
Desde entonces se han recibido con regularidad informes de violaciones en Jammu y Cachemira, usadas para castigar a las mujeres sospechosas de apoyar a los separatistas armados y para intimidar a la población local.
Un alto funcionario de las Naciones Unidas afirmaba refiriéndose al conflicto en la antigua Yugoslavia que la violación se usaba como instrumento de limpieza étnica. Tanto así que existen informes fidedignos de violaciones públicas.
En el año 2004, durante un operativo en Chocó en la Costa Pacífica de Colombia, el ejército obligó a indígenas a cavar sus propias tumbas. Los soldados intentaron violar varias mujeres menores de edad y torturaron cruelmente a los hombres para que revelaran el paradero de la guerrilla. Amnistía Internacional dice que el ejército colombiano utiliza la violación sexual como una táctica para terrorizar comunidades y provocar el desplazamiento masivo, además de asegurar el control militar sobre una región. Uno de los casos más conocidos ha sido la violación de tres niñas de 11, 12 y 15 años de la comunidad indígena de Bedoyes en el departamento de Arauca. Según el informe de Amnistía Internacional, tropas de la XVIII Brigada no sólo violaron a las niñas delante de la comunidad durante un operativo en mayo 2003, también violaron y mataron a una joven de 16 años embarazada, abriéndole el vientre y sacando el feto.
Las violaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad son una forma especialmente opresiva de tortura porque muchas mujeres tienen demasiado miedo y están demasiado avergonzadas como para hacer público lo que les han hecho. Algunas borran la experiencia de su memoria consciente porque rememorar el trauma les causa un dolor insoportable. Cuando un soldado viola a una mujer, esa violación no es un acto privado de violencia, sino un acto de tortura del que es responsable el Estado. El hecho de que muy frecuentemente los gobiernos de todo el mundo no investiguen ni castiguen los abusos que cometen sus fuerzas ha permitido que la violación se convierta en un arma de estrategia militar. El precio que pagan las mujeres es demasiado alto: daños psicológicos que duran toda la vida, graves lesiones físicas, embarazo, repudio social, enfermedad y muerte.